Por Abraham Garza Alemán

En las últimas décadas, la relación entre los servicios de inteligencia y el tráfico de drogas ha sido un tema de controversia y especulación. Varios casos históricos han revelado vínculos preocupantes entre agencias de inteligencia y redes de narcotráfico, levantando preguntas sobre la ética y la legalidad de estas conexiones.

Uno de los ejemplos más notorios es el escándalo Irán-Contra en la década de 1980, donde se descubrió que la CIA había estado involucrada en el tráfico de cocaína para financiar a los Contras en Nicaragua. Este caso expuso cómo los servicios de inteligencia pueden recurrir a actividades ilícitas para cumplir con objetivos políticos, incluso a costa de alimentar la epidemia de drogas en Estados Unidos.

En América Latina, también han surgido acusaciones de colaboración entre agencias de inteligencia y carteles de drogas. En México, por ejemplo, se ha investigado la posible complicidad de elementos de las fuerzas de seguridad con organizaciones criminales, lo que ha dificultado los esfuerzos para combatir el narcotráfico. En Colombia, durante los años 90, se revelaron vínculos entre paramilitares, narcotraficantes y miembros de las fuerzas de seguridad, incluyendo a oficiales de inteligencia.

Estas conexiones no se limitan a América. En Afganistán, tras la invasión estadounidense en 2001, se reportó un aumento significativo en la producción de opio, y algunos analistas han sugerido que ciertos grupos armados y facciones políticas, con posibles vínculos con agencias de inteligencia, se beneficiaron del tráfico de heroína.

Los defensores de los servicios de inteligencia argumentan que estas colaboraciones son parte de operaciones encubiertas necesarias para infiltrarse en organizaciones criminales y desmantelarlas desde dentro. Sin embargo, los críticos señalan que estas prácticas pueden tener consecuencias devastadoras, como el fortalecimiento de controles más estrictos contra la población con el pretexto de la “seguridad nacional”.